Crean
juzgados policiales para tramitar multas de la Caminera
Fueron ubicados en Villa María, Deán Funes
y Río Cuarto. Comparten jurisdicción con los Tribunales de Faltas de esas
ciudades. Pero los municipios tendrán menos recursos.
La
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno de Córdoba
dispuso la creación de tres juzgados policiales de Accidentes de Tránsito,
destinados, exclusivamente, al tratamiento administrativo de las infracciones
labradas por la Policía Caminera. La decisión consta en la resolución N° 5 de
la dirección a cargo de Miguel Ledesma y fue publicada en el Boletín Oficial del
19 de marzo pasado.
Hasta
ahora, había sólo un Juzgado Policial, el que está en Córdoba capital, en
Spilimbergo 3556. Los tres que se agregan, y que ya están en funciones, están
emplazados en Villa María, Deán Funes y Río Cuarto.
“Se
comparten jurisdicciones, no hacemos desaparecer ningún juzgado sino que se
comparten jurisdicciones”, remarcó Javier Sosa, Secretario de Coordinación del
Ministerio de Gobierno.“Queremos mejorar el proceso del seguimiento
administrativo”, agregó.
El de
Villa María, a cargo del comisario Marcos Piglia Campo, tiene jurisdicción
sobre La Laguna, Oliva y Bell Ville, para las infracciones cometidas sobre la
autopista a Rosario y en la ruta 9.
El de
Deán Funes, a cargo del comisario Mario Argañarás, abarca a Lucio V. Mansilla,
Villa de María del Río Seco, Villa de Soto, San José de la Dormida y Deán Funes.
El de Río
Cuarto, en tanto, se avocará a las infracciones que hoy procesan Las Higueras y
Santa Catalina.
Cuello de
botella 1. Las multas que ya ha labrado la Policía Caminera representan hoy
un problema para el Gobierno de Córdoba. Se calcula que hay 750 mil
infracciones impagas, que representan más de 1.200 millones de pesos. Para
tener una idea: la cifra equivale a un tercio de lo que Córdoba le reclama a la
Nación.
El
problema es que apenas el 23 por ciento paga de manera voluntaria. Como el
seguimiento, administrativo en una primera etapa y judicial después, es muy
lento, el stock de
multas a cobrar es cada vez más grande. De cada cuatro que se acumulan, apenas
se resuelve una. La moratoria para pagar en cuotas las multas, varias veces
prorrogada, sirvió poco, porque la adhesión fue baja.
Los
funcionarios aseguran que hay dos cuellos de botellas. Uno, lo adjudican al
conglomerado de 40 juzgados de faltas municipales avocados a resolver las
infracciones que les envían, de acuerdo a su ubicación geográfica, los puestos
de la Caminera. Dicen que algunos son demasiado lentos, que hacen mal las
notificaciones o que no les interesa.
Lo cierto
es que para los municipios que ahora compartirán competencia con los Juzgados
Policiales significará una pérdida importante de recursos, ya que se quedan con
30 por ciento de lo cobrado.
“A
nosotros no nos han avisado nada de nada”, dice el intendente de Oliva, Oscar
Tamis. Cuenta que su Juzgado de Faltas procesa unas dos mil multas mensuales de
Caminera. “Antes, el Juzgado era solventado con presupuesto municipal y hoy
casi que es autosuficiente”, dice. “No sería bueno que la Provincia cambiara la
jurisdicción, salvo que tenga una explicación racional de porqué lo hace, por
lo menos hasta que se aclarare quién es quién”, agrega.
Cuello de
botella 2. El segundo cuello de botella está en la Justicia. Cuando las
instancias del procedimiento administrativo se agotan (ver aparte) y el
infractor no pagó, son los Tribunales de Ejecución Fiscal los que deben
resolver.
Hoy
existen en Córdoba dos juzgados de Ejecución Fiscal, el 21 y el 25, según la
denominación de cuando eran juzgados civiles, que atienden en todas las causas
fiscales. En el interior, se nombraron secretarías fiscales. Pero todos están
colapsados, con poco personal.
El año
pasado se anunció la creación de un tercero y se prometió que a fin de 2012
estaría operativa.
“Está en
marcha, se llamó a concurso por parte del Consejo de la Magistratura, está
abierto hasta el 25 de abril”, explicó Luis Rubio, vocal del Tribunal Superior
de Justicia.
Rubio
indicó que el tercer Juzgado de Ejecución Fiscal ya tiene personal y
secretario, que están trabajando. Falta nombrarle el fiscal.
“Vamos a
tener capacidad razonable, va a quedar bien, probablemente en 60 días esté
cubierto”, dijo.
En agosto
pasado, la Dirección de Rentas anunció que enviará a juicio a unos 15 mil
infractores por mes. Apenas se envió el 20 por ciento de los 105 mil
expedientes que, a ese ritmo, deberían haber ingresado.
Cómo es
el procedimiento
Paso 1. Supongamos
que un conductor pasa a otro vehículo con doble línea amarilla. Un agente de
Policía lo detiene y le toma los datos de la licencia de conducir y de la
tarjeta verde del auto. El sobrepaso (código 1021) cuesta un mínimo de 200
unidades de multa (UFM) y un máximo de 400. Se aplica el mínimo, hoy de
1.319,80 pesos.
Paso 2. Si
el conductor paga de manera voluntaria en los siguientes 10 días, abonará
659,90 pesos.
Paso 3. Si
no está de acuerdo con la sanción, puede presentar su descargo en el Juzgado de
Faltas más cercano al lugar donde se cometió la infracción en un plazo de 10
días hábiles. El juez municipal toma el descargo y puede sobreseerlo o
ratificar la infracción e imponer la multa, que por lo general es el mínimo. En
el ejemplo, $ 1.319,80.
Paso 4. Si
el infractor no presenta su descargo y no paga de manera voluntaria, el
municipio lo declara en rebeldía y se le aplica el máximo de multa, es decir,
las 400 unidades. En este caso, 2.639,6. Igual, se le da un plazo de 30 días
para pagar los 1.319,80 pesos originales.
Paso
5. Luego actúan los juzgados de Ejecución Fiscal. Kolektor colabora
con la gestión de cobranza en todas las instancias. El Juzgado de Faltas
municipal percibe siempre 30% de lo cobrado.